Control Democrático de la Fuerza Armada?

Al poco tiempo de pasar al retiro comencé a compartir con civiles académicos sobre temas relacionados con la FA, en una de las intervenciones sostenían que los militares teníamos muchas prerrogativas, no entendí en absoluto, toda vez que nunca lo había pensado o sentido así. Ha tenido que pasar varios años para entender a que se debía dicha afirmación.

Esta situación , hoy deseo materializarlo con un caso de actualidad. La concesión que ha efectuado el Comando de la FAP de 18,000 hectáreas en Chiclayo  por un período de 45 años, a una empresa agroindustrial recién creada con un capital de 3,000 soles, sin ninguna experiencia previa en el ramo, cuyo representante ha sido hasta el momento de publicitarse esta noticia, asesor del Programa Sierra Exportadora, órgano del actual gobierno para promover las exportaciones agrícolas. El tema es que esta concesión se ha hecho a sin el conocimiento  del Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura y Superintendencia Nacional de Bienes  Estatales (Diario Perú 21).

Al margen del posible tráfico de influencias políticas, lo que quiero significar en el presente post es la discrecionalidad con que actuado dicho Comando. ¿Hasta dónde es posible que un Instituto Armado enajene una propiedad, que el Ministerio de Agricultura le había cedido como polígono de tiro?

Este tema está íntimamente relacionado con el nivel de autonomía que debe tener la Fuerza Armada, que es un punto importante, como lo he manifestado en post anteriores, para mantener la eficacia y eficiencia de la misma para cumplir con su misión asignada, sin que intervengan las autoridades políticas en funciones que no son de su competencia.

¿Estaría este caso dentro de ese nivel de autonomía? Obviamente que no, las propiedades de la  FAP no son extraterritoriales al control de la Superintendencia de Bienes Nacionales y del mismo Ministerio de Agricultura, quien le había cedido el terreno aludido.

Estas señales no son bien recibidas por la ciudadanía en general, porque percibe una discrecionalidad por parte de dicho Instituto y porque la decisión de entregar en concesión un valioso terreno de 18,000 hectáreas a una empresa en especial, constituye una acción inconsulta por parte de la FAP, al margen del posible manejo irregular político; además afectan las relaciones civiles militares, por la falta de control democrático por parte de las autoridades del gobierno, particularmente del Ministerio de Defensa, el cual desconocía del tema y solicitó la intervención de Inspectoría.